Araceli Zúñiga Vázquez
Las Mujeres de Atenco y el CIDH
Nunca es tarde para rectificar. Nunca.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer que durante su 143 periodo ordinario de sesiones aceptó el caso de las mujeres agraviadas de Atenco, con nombre oficial de Mariana Selvas Gómez y otros contra México.
En un comunicado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) celebró la decisión de la Comisión Interamericana. Recordemos que en abril del 2008, 11 mujeres acudieron acompañadas por el Centro Prodh a la CIDH a denunciar la tortura sexual sufrida y la falta de acceso a la justicia.
Como parte del proceso, el organismo solicitó al Estado mexicano una respuesta sobre la acusación, para lo cual pidió prórroga.
Nos sentimos agraviadas por la respuesta de impunidad del gobierno mexicano, manifestaron entonces, y añadieron: esperamos que a través del sistema interamericano podamos acceder a la justicia, dijo Bárbara Italia, una de las 26 mujeres que denunciaron los abusos en México.
Amnistía reiteró que desde 2006 documentó las violaciones de los derechos humanos cometidos por policías estatales y federales durante el operativo en Atenco.
Agregó que también se advirtió que como resultado de la operación se produjo la detención arbitraria de más de 200 personas; la violación del debido proceso de los detenidos; la investigación parcial de los hechos que resultó en la impunidad para los funcionarios implicados en graves abusos, como la tortura, incluso la violencia sexual contra las mujeres detenidas, y un juicio injusto para los acusados de la organización Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
"Las agresiones a las mujeres se suscitaron en el Operativo Atenco, cuando el 3 y 4 de mayo de 2006, agentes policiales de los tres niveles de Gobierno utilizaron de manera excesiva la fuerza pública para inmovilizar la protesta social en Texcoco y San Salvador Atenco. Al menos 26 mujeres reportaron violencia, de las cuáles once continuaron activamente la denuncia de la tortura sexual perpetrada por los agentes policiales, así como la detención arbitraria, la falta de acceso a la justicia, entre otras", refiere el comunicado.
En él, señalan que ni la Fiscalía Especial de Delitos Violentos Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) ni la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) han realizado una adecuada investigación y ningún policía, de los más de dos mil 500 agentes que intervinieron, ha sido sancionado.
Ante la falta de justicia dentro de las instancias nacionales, las once mujeres denunciantes, con representación del Centro Prodh y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), presentaron el 28 de abril de 2008 una petición ante la CIDH, misma que fue trasladada el 10 de diciembre de 2009 al gobierno mexicano que constantemente dilató la presentación de sus informes y omitió el envió de otros en incumplimiento de sus obligaciones internacionales.
"La admisibilidad del caso representa un avance sustancial en el largo recorrido nacional e internacional que han realizado las denunciantes de tortura sexual. Sin duda, la solidaridad nacional e internacional expresada a lo largo de más de cinco años ha permitido que las mujeres sigan resistiendo frente a la tortura sexual como estrategia de Estado para desmovilizar y generar miedo. El caso resulta paradigmático de la violencia institucional ejercida por el Estado mexicano y la lucha por la justicia es por todas las mujeres", reiteraron.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) celebró la decisión de la Comisión Interamericana.
Y es verdad. La lucha por la justicia es por todas las mujeres. Por todas.
