LAS REFORMAS ENERGÉTICA Y FISCAL DEBEN PROMOVER EMPLEO, EDUCACIÓN Y SALUD
A la Opinión Pública.
Los poderes Ejecutivo y Legislativo pretenden seguir imponiéndonos una serie de reformas estructurales de corte neoliberal; ahora lo quieren hacer en los ámbitos energético y fiscal, pretextando la existencia de una supuesta disminución en la producción de energéticos, derivada, según nos dicen, de que hoy en día viene siendo más cara su extracción y explotación, debido a que la paraestatal, en el caso petrolero, ha perdido dinamismo y competitividad; pero lo que en realidad esconden es que dicha problemática es resultado de la corrupción y de la pésima planeación industrial a que han sido sometidas Pemex y la CFE, lo que ha llevado a que hayan aumentado las importaciones de gas, gasolina y los derivados del petróleo, comprometiendo con esto la soberanía nacional y la viabilidad energética de México.
Por lo tanto los neoliberales insisten en que deben ser aprobadas dichas reformas y de esa manera, una vez más nos vuelven a reiterar la misma falacia, en el sentido de que solo así “se combatirá la miseria y el desempleo, con la creación de 500 mil empleos nuevos, que bajara la luz, el agua y habrá mejores precios para los fertilizantes”. No cabe duda de que nos seguimos topando con el mismo discurso que emplearon para aprobar reformas anteriores como ley del IMSS, la del ISSSTE, la laboral y recientemente la educativa; mas los indicadores económicos, los hechos y los magros resultados, contradicen esas promesas y por lo tanto estos ofrecimientos a todas luces son falaces y una burla mas a los mexicanos.
Además, con las reformas a los artículos 27 y 28 constitucionales, que incluye la iniciativa del Ejecutivo, pretenden legalizar funciones claves de la industria energética que ya se han venido privatizando y entregando la propiedad y el control a empresas trasnacionales, como hoy ya sucede en la minería. Cabe apuntar por ejemplo que en lo tocante a los denominados contratos de utilidad compartida que propone la iniciativa para la exploración, explotación y extracción de los hidrocarburos, son una forma camuflada de ceder parte de los dividendos del petróleo al capital privado, en realidad es una transferencia neta de la riqueza pública del país a la iniciativa privada nacional o extranjera. A la par, dichas reformas conllevan explícitamente disminuciones de los derechos laborales y sociales. En realidad a través de su implementación de manera clara se pretende limitar la exclusividad de la Nación en la generación, transformación, conducción y abastecimiento en particular de la energía eléctrica. Y en el caso petrolero, la iniciativa de EPN plantea: eliminar la prohibición actual para la autorización de contratos en materia de petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos.
Asimismo, con el objetivo de equilibrar los recursos fiscales que el Gobierno dejaría de recibir, se está tramando y cabildeando una reforma fiscal para aumentar el IVA y generalizarlo a libros, medicinas y alimentos. De esta manera se continuará apostando a la imposición de un modelo económico que seguirá generando una mayor desigualdad social, altas tasas de desempleo, desigual concentración de la riqueza y altos grados de pobreza, miseria y marginación.
Hasta el momento los índices económicos oficiales internacionales y nacionales nos confirman que la política económica que nos han impuesto los últimos gobiernos, ha generado que se produzcan raquíticas tasas de crecimiento en la economía, lo cual ha producido incrementos en el número de pobres y desempleados, en cifras por demás insultantes, como lo dan a conocer los índices aportados hace unos días por el CONEVAL, en donde se confirma que el número de pobres que tenemos actualmente ronda en la cifra de 53.3 millones de compatriotas, lo que corresponde a casi la mitad de la población mexicana que se encuentra en ese estrato. Mientras tanto las perspectivas se nos presentan poco halagüeñas pues para este año se pronostica un crecimiento económico no mayor al 2%, indicador que seguirá expresando que la conducción de la economía continuará produciendo más pobreza, miseria, desempleo y desigualdad social para nuestra nación.
Es evidente que el actual modelo energético ha venido fracasando por la deplorable administración que han tenido PEMEX y la CF, como producto de la malversación, el derroche y despilfarro que han acompañado a esas paraestatales. El gobierno federal y sus administradores nos ha montado un entramado de corrupción e impunidad que mantienen a las empresas en la improductividad y no se ha logrado que nuestro país salga del subdesarrollo, del atraso y la dependencia. Con el camino que los neoliberales han elegido de llevar adelante privatizaciones a ultranza, la extranjerización y la renuncia del Estado a la soberanía sobre los energéticos, se continuarán acumulando los viejos y nuevos problemas. Las reformas que se nos pretenden imponer van en relación directa con las políticas derivadas y acordes con el modelo de acumulación capitalista que se ha seguido y ahora en el caso petrolero se pretende sumar al sector privado nacional y extranjero una parte sustantiva de la futura riqueza petrolera.
Los trabajadores universitarios proponemos la construcción de una propuesta integral de producción energética siempre bajo la rectoría del Estado, para desarrollar una política de energéticos como pilar del desarrollo, dirigida a lograr la integración de las cadenas productivas, el fortalecimiento de la soberanía nacional, para que en forma debidamente planificada podamos iniciar una real transición energética que se sustente en las nuevas tecnologías, la eficiencia, el ahorro y en el uso de fuentes limpias y renovables de energía, tales como la solar, la eólica, geotérmica, mini-hidráulica, la de biomasa y la oceánica.
Pemex, la CFE y todas las empresas del sector, de forma necesaria tendrán que ser entidades con plena autonomía y capacidad de gestión presupuestal, para que sus funciones estratégicas, se articulen de manera adecuada y sean capaces de contribuir a la generación de valor agregado al crudo y a los productos refinados, lo que deberá coadyuvar a la reconstrucción de la industria petroquímica básica y secundaria, hoy muy golpeadas y desechas por las malas políticas implementadas, a fin de que se conviertan en detonantes, bajo la rectoría del Estado para la promoción de las fortalezas económicas de la industria que sean capaces de generar cuotas sostenidas de desarrollo económico y bienestar social para nuestro país.
Hoy, no se requiere entregar al capital privado mexicano y extranjero a Pemex y CFE, lo que realmente necesitamos los mexicanos es una auténtica reforma del sector energético para consolidar la propiedad de la Nación sobre estos recursos; requerimos del desarrollo de un marco jurídico que propicie el relanzamiento de la industria, garantizando en todo momento la soberanía energética y una distribución equitativa de la riqueza. Reiteramos, que apostándole a una salida propia y no asumida desde el exterior, podremos alcanzar el desarrollo nacional a que aspiramos los mexicanos, sustentado en la rearticulación de las cadenas productivas que dinamicen el mercado interno, para que se garanticen suministros adecuados de energía a la industria y a los ciudadanos, para que en verdad se reduzcan los precios de la electricidad y los hidrocarburos, con el fin de que ayuden a detonar un desarrollo económico sostenido, cimentado en empresas productivas eficientes, eficaces y con transparencia y rendición de cuentas de su administración para que generen empleos dignos, estables y bien pagados; en resumen, requerimos de una reforma petrolera que produzca ganancias para que sean dirigidas al fortalecimiento del gasto social del gobierno, a la reinversión y expansión en Pemex.
Nos oponemos a la privatización de los recursos naturales estratégicos, propiedad de la nación, que al ser bienes públicos son un bien social al servicio de toda la sociedad y no de una parte de esta. Del mismo modo rechazamos la implementación en nuestra nación de políticas económicas trazadas desde organismos internacionales como el Banco Mundial, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, que han impuesto lineamientos basados en el productivismo, la explotación irracional de los recursos naturales y del hombre; y que por sus altos costos económicos, sociales y medioambientales, han impedido que en México optemos por el desarrollo de modelos sustentables propios que den bienestar a todos los mexicanos y no a unos cuantos como se ha dado hasta la fecha.
El STUNAM, reitera su propuesta de realizar una amplia convocatoria a nivel nacional de movilización social e implementación de todos los recursos políticos, para impulsar una propuesta alternativa energética integral que tenga como un objetivo toral el de construir un Pacto Social para implementar una alternativa estrategia de desarrollo, sustentada en una nueva óptica de la producción y del consumo energético, de la matriz de producción-distribución-consumo, del desarrollo urbano, del transporte y del aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales, al servicio del desarrollo y el bienestar de los mexicanos.
Asimismo, demandamos al Congreso de la Unión, en su carácter de representante de la soberanía popular, lleve a cabo una consulta nacional sobre el rumbo de la industria energética para el desarrollo y el bienestar de la sociedad mexicana. La realización de esta consulta sería una muestra democrática y un real compromiso de los legisladores con el pueblo mexicano. Desde ahora en el ámbito de las universidades públicas nos comprometemos a promover dicha consulta.
IMPULSAREMOS DIVERSAS JORNADAS DE LUCHA POR LA DEFENSA DE LA RECTORÍA DEL ESTADO SOBRE LOS ENERGÉTICOS
POR LA SEGURIDAD, LA SOBERANIA ENERGÉTICA Y LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
A T E N T A M E N T E
“Unidos Venceremos”
México DF a 16 de agosto de 2013
Consejo General de Representantes del STUNAM
Responsables de la publicación: Agustín Rodríguez Fuentes y Alberto Pulido Aranda, secretarios general y de prensa y propaganda del STUNAM
