(ISP, 18 de marzo de
2015)
Existe una extraña contradicción entre la euforia por las denominadas
Asociaciones Público-Privadas (APPs) y el bajo rendimiento que estas
modalidades han ofrecido durante los últimos 30 años.
Muchos gobiernos siguen recurriendo a las
Asociaciones Público-Privadas con la esperanza de que el sector privado
financie la infraestructura pública y los servicios públicos.
Esta esperanza también se mantiene en el G20, la
OCDE y en las actuales negociaciones en el seno de las Naciones Unidas para los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que serán confirmadas por los jefes de
Estado en septiembre de 2015.
La privatización está a
punto de convertirse en la política oficial de la ONU. No obstante, la
experiencia con las APPs demuestra que la privatización resulta completamente
deficiente.
El informe «¿Por qué las Asociaciones
Público-Privadas no funcionan?», elaborado por la Unidad Internacional de
Investigación de Servicios Públicos (PSIRU por sus siglas en inglés), evalúa la
experiencia de las APPs, tanto en los países ricos como en los países pobres.
El informe concluye que las APPs son una forma
costosa e ineficiente de financiar la infraestructura, ya que ocultan el
endeudamiento público al mismo tiempo que otorgan garantías estatales a largo
plazo para que las empresas privadas obtengan beneficios.
La investigación desmitifica los oscuros procesos
de las APPs, que en su mayoría están rodeados de secretismo y se esconden tras
negociaciones confidenciales para proteger una ventaja comercial. No hay
consultas públicas, numerosas promesas son falsas, y los contratos comerciales
son increíblemente complejos; todo se concibe para proteger los beneficios
empresariales.
«Los gobiernos y la ONU
están muy influenciados por un poderoso grupo lobby compuesto por las más
importantes empresas de prestación de servicios, financieras, consultoras y
jurídicas; todas ellos intentan obtener beneficios de servicios públicos
básicos, como la salud, el agua, la energía», declara Rosa Pavanelli,
Secretaria General de la Internacional de Servicios Públicos (ISP).
«Debemos recordar que las
empresas del sector privado deben maximizar los beneficios si quieren
sobrevivir. Esto es incompatible con el hecho de garantizar un acceso universal
a servicios públicos de calidad, especialmente para aquellos que no pueden
pagar esos beneficios».
Mayores peligros
Asimismo, estas políticas de privatización están
relacionadas con la nueva ronda de negociaciones comerciales (TISA, TPP, TTIP,
CETA), que también se realizan en secreto y sin consulta pública, y se traman a
puerta cerrada, entre los intereses empresariales y los gobiernos que cumplen
sus órdenes. Los acuerdos comerciales promoverán APP y las bloquearán haciendo
que resulte casi imposible anularlas.
Otro peligro observado es el esfuerzo que realizan el
Banco Mundial, el G20, la OCDE y otros organismos para 'financiarizar' APPs con
el fin de acceder a los billones de dólares provenientes de los fondos de
pensiones, las compañías de seguros y otros inversores institucionales.
Para acceder a estos fondos, se recomienda a los
gobiernos que pongan en marcha muchas APPs al mismo tiempo, con el propósito de
crear un conjunto de activos que después puedan ser empaquetados y vendidos a
inversores a largo plazo. Esto es exactamente lo que hicieron las empresas de
servicios financieros con las hipotecas inmobiliarias a principios de siglo,
provocando la crisis financiera mundial de 2008.
De Londres a Santiago
El autor del informe, David Hall, que fue Director de la
PSIRU en la Facultad de Empresariales de la Universidad de Greenwich, en
Londres, ha analizado y comparado diferentes casos y países en los que las APPs
no han cumplido lo prometido:
El programa fallido del Transport for London, el bajo
rendimiento del aeropuerto de Delhi, los escándalos de corrupción en los
proyectos de infraestructura de Chile, los problemas financieros con el paquete
de APPs impuesto por la troika a Portugal.
«Por ejemplo, Reino Unido ha utilizado las APPs para
construir una amplia gama de edificaciones e infraestructuras: hospitales,
escuelas, carreteras, ferrocarriles, instalaciones de defensa, y oficinas
gubernamentales. Conforme se ampliaron los límites neoliberales de
endeudamiento de la administración pública, también lo hicieron las APPs (por
ejemplo, en Europa, donde las normas de la UE empezaron a limitar el
endeudamiento público al 3 por ciento del PIB)», explica Hall.
Nueva Zelanda, Australia, Canadá y EE.UU. todos empezaron
a utilizar las APPs como una manera de equilibrar los presupuestos mediante la
ocultación del endeudamiento, con el propósito de reducir el tamaño del sector
público y de recompensar a patrocinadores empresariales.
En los países en desarrollo, los bancos de desarrollo,
los donantes bilaterales y las empresas multinacionales fomentaron la
proliferación de APPs en los años 1990, especialmente en los sectores del agua
y de la energía, como parte de la promoción general de la privatización – y
como una forma de evitar las restricciones fiscales que las mismas
Instituciones Financieras Internacionales (IFI) imponían en los países en
desarrollo. Sin embargo, a pesar de que se privatizaron numerosos servicios, la
prestación a los ciudadanos no mejoró.
Existen alternativas
El informe de la PSIRU propone una alternativa pública a
este sistema, en la que los gobiernos nacionales y locales puedan seguir
desarrollando infraestructura utilizando financiación pública para la
inversión, y a organizaciones del sector público para prestar el servicio. Esta
modalidad ofrece numerosas ventajas para el sector público.
El sector público adquiere mayor flexibilidad, control y
eficiencia comparativa – debido a la reducción de los costes de transacción y a
la incertidumbre del contrato, así como a las economías de escala – y también
un aumento de eficiencia de una responsabilidad más democrática.
«Los servicios públicos constituyen pozos masivos de
potenciales beneficios empresariales, y las APPs sirven para acceder a ellos.
Los «clientes» son cautivos, los servicios suelen ser monopolizados», comenta
David Boys, Secretario General Adjunto de la ISP.
«Este documento presenta una síntesis de muchos años de
investigación, y debe ser utilizado por los activistas sindicales y los
ciudadanos afectados, pero también por los responsables políticos de todo el
mundo».
La Internacional de
Servicios Públicos, es una federación mundial de sindicatos que representa a 20
millones de mujeres y de hombres trabajadores que ofrecen servicios públicos
indispensables en 160 países. ISP defiende los derechos humanos, es partidaria
de la justicia social y promueve el acceso universal a servicios públicos de
calidad. ISP trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en asociación con
organizaciones sindicales y de la sociedad civil, entre otras.
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