Alberto Pulido A.
Hace unos días el
gobierno de Enrique Peña Nieto se escandalizó tras las declaraciones del
relator especial de la ONU, Juan Méndez, en el sentido de que en nuestro país
es “generalizado el uso de la tortura”; y esa declaración la dio el funcionario
internacional tras conocerse los resultados bien sustentados de solo 107 casos
que analizó. Mas el relator fue presionado por el gobierno para
que únicamente se refiriera solo a 14 casos y que de paso retirara el
calificativo de tortura generalizada.
Desde el inicio de su
mandato, el gobierno de Peña ha sido muy sensible al escrutinio y más a las críticas
internacionales, ya que desde esas instancias se han filtrado numerosos casos
vinculados a violaciones graves a los derechos humanos fundamentales, a casos
de torturas, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas. Por este último
punto, que se ha documentado a detalle, el gobierno podría ser calificado como
responsable de la ejecución de delitos de lesa humanidad. Y así es, ya
que la tortura en México no es utilizada por entes aislados, sino que se
encuentra fuera de control y por ese motivo es frecuente, su uso es ya un
recurso habitual.
Y en el caso de las
desapariciones forzadas, que también son generalizadas en México, según
expertos que lo han manifestado, es difícil cuantificarlas, ya muchas de estas
no se reconocen y la mayoría de los que las ejecutan rayan en la impunidad.
Lo que me queda claro
es que el gobierno de Peña Nieto ha sido uno de los gobiernos mexicanos mas
cuestionados, no solo por la violación de derechos humanos, sino por ser una
instancia que no ha cumplido con otorgar bienestar a los mexicanos. También lo
es para el caso de la economía de la nación, la cual el gobierno federal no ha
reconocido que se encuentra muy mal y por el contrario ha estado utilizando una
serie de mentiras para mostrar una imagen del país que no es, con el fin de
poner una cara pulcra al exterior y así lograr atraer inversiones, las que por
cierto no llegan, debido a incertidumbres y desconfianzas.