Antonio Muñoz M.
Ya son 126 años desde aquel primero de mayo, en que grupo de obreros alzaron la voz y realizaron acciones de lucha para alcanzar sus derechos. La demanda en aquellos tiempos era abolir la jornada de trabajo de 12 horas, además de no contar con descanso ni diferenciación de edad ni sexo.
La huelga realizada el 1 de mayo de 1886, se caracterizó por una demanda central "Ocho horas de trabajo, ocho de reposo y ocho para la recreación", para alcanzar esta conquista, más de 50 mil obreros pagaron el costo, que en algunos casos fue la vida de trabajadores, dirigentes sindicales, miles de heridos de balas, torturados, detenidos, procesados y despedidos. La mayoría de los obreros eran inmigrantes, sobre todo Italianos, Españoles, Alemanes, Rusos, Irlandeses, Judíos, Polacos, Eslavos. Esa lucha logró el reconocimiento legal de la nueva jornada laboral.
La noticia de la masacre se propagó en el mundo, y por acuerdo del Congreso Obrero Socialista (París, 1889), y en homenaje a los Mártires de Chicago, se tomó esa fecha como el Día Internacional del Trabajo.
En México, la conquista laboral tuvo su aplicación hasta la promulgación de la Constitución Política de 1917, cuando los derechos de los trabajadores se reconocieron y fueron protegidos. En el Artículo 123 se plasmó la jornada laboral de ocho horas, un día de descanso por cada seis de trabajo, salarios justos, derecho a la formación de asociaciones y sindicatos, seguro social, además de otras importantes prestaciones.
En los momentos actuales la problemática que enfrenta el movimiento sindical es otra y de grandes consecuencias tanto en su economía, seguridad social, estabilidad en el empleo. Sería parte de la reflexión que expuso Agustín Rodríguez, Secretario General del STUNAM, ante los miles de trabajadores que se dieron cita en la explanada del Zócalo capitalino durante la conmemoración del 1 de Mayo al referirse a la última década, donde ya se aplica el outsourcing o subcontratación que en México ha tenido alcances notables.
Según David Lazcano, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, el crecimiento del outsorcing, o subcontratación registra desde la década pasada un nivel del 60 por ciento, principalmente en el sector de los servicios. A partir del 2001, se intensificó su utilización en el mercado laboral nacional. Por ejemplo, el 90 por ciento de los trabajadores de la industria manufacturera electrónica son reclutados por este medio.
El comunicado que emitió la UNAM a propósito del Día Internacional del Trabajo, señala que las personas contratadas bajo este esquema –mediante el cual las empresas recurren a un tercero para la contratación– carecen de condiciones dignas de trabajo y del 82 por ciento de prestaciones, lo que restringe su acceso a salud, vivienda, pago de aguinaldo y prima vacacional, entre otras.
El 23 por ciento de quienes prestan servicios educativos laboran mediante subcontratación; en la industria, el porcentaje es del 18 por ciento, y en la agricultura, del 27 por ciento.
David Lazcano, estima que con la subcontratación exime a los empleadores de toda responsabilidad jurídica con los trabajadores y ante las autoridades respectivas. Las agencias de contratación deben afrontar los conflictos derivados de la relación laboral.
El panorama presentado, Significa la pauperización del mercado laboral, al dejar en las peores condiciones a los individuos en cualquier área productiva, e implica su empobrecimiento. “Es una cuestión totalmente denigrante”.
El integrante del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la FE, sostuvo que en el país no existe un seguimiento de las condiciones laborales, lo que posibilita el incremento del outsourcing. Las plazas que ofrecen las agencias pueden estar determinadas del momento en que se firman o el empleador puede dar por concluida la relación laboral sin mediación alguna, ejemplificó.
Por ello, las empresas que recurren a ella apoyan la modificación de las leyes respectivas, porque los procesos legales con sentencia favorable para los trabajadores son costosos. Tienen que reponer prestaciones sociales, pagar primas vacacionales, gastos médicos, según el tipo de empleo o servicios realizados por el demandante, explicó.
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