martes, 17 de mayo de 2011

Instantes Políticos unión 937

Alberto Pulido A.
La derecha panista insiste en la aprobación de su ley laboral

Los tiempos políticos se le agotan al sexenio de Felipe Calderón y por ese motivo los panistas tienen mucha prisa en coronar sus aspiraciones de reformar leyes en beneficio de los que detentan el poder económico de México; entre éstas se encuentran las reformas a la Ley Federal del Trabajo, a través de las cuales pretenden poner en bandeja de plata el ámbito laboral a los empresarios, fundamentalmente para que contraten fuerza de trabajo por tiempo determinado, al margen de contratos colectivos y con prestaciones mínimas para los trabajadores.
     Y si no, recordemos el extrañamiento que Josefina Vázquez Mota le hiciera al PRI por retrasar la aprobación de la nueva LFT, reclamándoles qué “tipo de cuentas entregaran los priistas a los empresarios por la falta de reformas laborales”; como quien dice, los trabajadores no le importan a la legisladora y sí los patrones que deberían sentirse agraviados; en verdad, esa señora aspirante a la candidatura panista a la presidencia de la República, al igual que Cordero y Lozano, sudan a cantaros posiciones de derecha, en donde lo importante es defender a los sacrosantos empresarios y a todo lo que huela a jerarquía eclesiástica.
     Mientras tanto, la Cámara de Diputados ya ha abierto las comparecencias para escuchar los puntos de vista de los sectores sociales en torno a las reformas laborales. Y al respecto, el pasado 2 de mayo el STUNAM, en voz de Agustín Rodríguez Fuentes, externo sus puntos de visto a propósito del tema alertando sobre lo negativo que sería el reformar aspectos nodales de la LFT, que irían en detrimento de los derechos laborales de los trabajadores, como la contratación colectiva, el derecho de huelga, que serían sustituidos por la existencia del outsourcing y los contrato temporales, mismos que abrirían las puertas a la creación de empleos sin o con el mínimo de prestaciones.
     De igual forma sucede con la Ley de Seguridad Nacional, que pretende el gobierno federal se aprueben enmiendas que le den facultades al ejército mexicano para que salga de los cuarteles a realizar de manera abierta papeles policiacos, con lo cual se demeritaría a las fuerzas armadas que hasta ahora no lo pueden realizar y que si lo vienen haciendo es porque Felipe Calderón se ha extralimitado en sus funciones y les ha impuesto esa labor policiaca para combatir al crimen organizado; papel que el ejército no cumple a cabalidad, ya que su estructura no es la adecuada para llevar adelante esas tareas.
     El gobierno de Calderón está urgido de terminar su sexenio con la puesta en práctica de reformas de corte derechista y pro empresariales, para entregar cuentas claras a quienes lo pusieron –los poderes fácticos– y coronar el pastel hecho con ingredientes como la Ley del ISSSTE, los remedos fiscales, la destrucción de sindicatos como SME e industrias como Mexicana de Aviación, etc. Esta política antipopular calderonista fue rechazada masivamente por todos los sindicatos del Congreso del Trabajo, CTM e independientes, que marcharon el pasado 1º de mayo y que, por el contrario, exigieron cambios en el rumbo económico de México a favor de los intereses de los desprotegidos.       

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