Instantes Políticos UNIÓN 957

Alberto Pulido A.

Vigente para México la instauración de nuevas comisiones de la verdad

Después de las malogradas experiencias que cursamos con los resolutivos obtenidos de la llamada comisión de la Verdad, que se conformó durante el gobierno de Vicente Fox, supuestamente integrada para conocer y “juzgar” la violencia y los crímenes cometidos por el Estado Mexicano en contra de cientos o tal vez miles de personas, durante la llamada guerra sucia que desataron autoridades gubernamentales contra luchadores políticos, que se desarrolló desde finales de la década de los 60 hasta entrada la de los 80 del pasado siglo.

     A estas alturas de la vida, a varios personajes se les haría un tanto ocioso el presionar para que se instaure una nueva comisión, que retome los pasos que dejó pendientes de resolver la anterior instancia y con autonomía del Estado pueda tener mayores alcances, como para llegar a analizar y juzgar la represión y muerte contra luchadores sociales de la izquierda y de la lucha democrática que se ha dado desde finales de los años cuarenta del pasado siglo XX hasta nuestros días.

     Y es que hemos y seguimos viviendo en un país donde impera la violencia, la impunidad, la corrupción y la violación a los derechos humanos y lo peor es que esa conducta ha sido sustentada y desarrollada, en diversos momentos, por los propios gobiernos de diverso signo político, objetivamente y con pruebas desde que se instauraron y se aplicaron en el Código Penal los artículos 145 y 145 bis, que asesinaron, encarcelaron, reprimieron y castigaron a miles de mexicanos con el llamado “delito de disolución social”, de triste memoria para México.

     Sale esto a colación nuevamente por las acciones de juicio a culpables de genocidio político que se vienen llevando a efecto en varias partes del mundo y muy próximamente a nosotros con lo que se viene desarrollando en Argentina, Uruguay y más cercanamente en California contra Ernesto Zedillo Ponce de León, ex presidente de México, por su involucramiento u omisión en el caso de la matanza de Acteal, donde murieron masacrados indígenas mexicanos.

     No se trata de aplicar la ley del talión o de pretender abrir heridas que se suponen ya cerradas. Para nada, lo que se exige es que simple y llanamente se aplique la ley y se señale y castigue a los culpables que se encuentren vivos y se hagan juicios políticos para los no vivos y que con muchísimos elementos puedan ser señalados con diversos grados de culpabilidad, con el fin de que pasen a la historia como viles asesinos y represores.

     Se señalan en principio los casos de Miguel Alemán, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, un buen número de jefes policiacos; a los generales y otros oficiales de las fuerzas armadas, culpables directos de asesinatos y represiones en casos enigmáticos como el 2 de octubre de 1968, el 10 de junio del 71, los desaparecidos de Guerrero en sus diversos momentos, los de Chiapas, Aguas Blancas, Acteal, y más recientemente los miles de casos de Ciudad Juárez, los perpetrado contra decenas de periodistas y muchos, muchos más que se han dado y se siguen dando en medio de la multicitada “guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado” que lleva a cabo el actual gobierno federal.

     ¿A qué se le teme? ¿Será acaso que no existen elementos que puedan aportar en su favor los diversos gobiernos, para justificar las actitudes autoritarias que en diversos momentos históricos han llevado a la práctica, con el fin de dirimir asuntos políticos? Mas lo que sí es una realidad, es que desde finales de los años 40 a nuestros días, la historia de la represión política del estado contra luchadores sociales ha sido una realidad y sus resultados funestos no han tenido por parte del Estado signos de análisis y juicios para dirimir responsabilidades.